Salud Mental como derecho: Análisis del presupuesto público y su garantía material en Colima (2025-2026)

Abstract

La salud mental constituye un componente esencial del derecho humano a la salud cuya efectividad depende de condiciones institucionales, financieras y operativas suficientes. El presente estudio evalúa la coherencia entre el marco constitucional e internacional aplicable al derecho a la salud mental y la asignación presupuestal del Estado de Colima durante el periodo 2022–2026, con énfasis en los ejercicios 2025–2026. Se desarrolló un diseño evaluativo de política pública con enfoque mixto secuencial explicativo (QUAN → QUAL), integrando análisis longitudinal de los Presupuestos de Egresos estatales, cálculo de variaciones nominales y reales ajustadas por inflación, estimaciones contrafactuales de inversión (1%, 3% y 5% del gasto sanitario), revisión del marco normativo nacional e internacional (CPEUM, Ley General de Salud 2022, PIDESC, CDPD) y contraste con indicadores epidemiológicos y capacidad instalada.

Los resultados muestran crecimiento nominal del gasto sanitario hasta 2025 y una contracción estructural del 59.38% en 2026, sin incremento compensatorio en el rubro específico de salud mental, cuya asignación permanece fija en $300,000 anuales desde 2023, equivalente a menos del 0.02% del gasto en salud y con pérdida real acumulada por inflación. El análisis evidencia una brecha sustantiva entre la expansión normativa del modelo comunitario y su respaldo financiero efectivo. Se concluye que el presupuesto público estatal no opera como  garantía material del derecho a la salud mental, configurando un escenario de estancamiento estructural con implicaciones respecto a los principios de progresividad, no regresividad y máximo uso de recursos disponibles.